Hace poco vi en televisión un mapamundi de la corrupción política en el que Italia era el único país de la UE teñido de rojo, el más alto nivel según la escala de colores del mapamundi presentado. La noticia bebía de esta web:
Hasta aquí no hay novedades; es frecuente comentar entre la gente de la calle que Italia está gobernada por la mafia, sin que ello signifique necesariamente que Berlusconi forme parte de ella aunque por su actitud y su talante podría serlo. Lo he leído además en algunos análisis de prensa. Prescindiendo de los detalles a mi criterio lo que viene a señalar el dichoso mapa es la quiebra del modelo democrático: lo significativo no es la utilización por parte de un conjunto organizado de personas de los resortes de la política para enriquecerse pues por lo visto es uno de los males endémicos del sistema, lo significativo es por una parte la incapacidad del sistema judicial al no perseguir lo que llamaría la “delincuencia política” (síntoma de la quiebra del equilibrio entre los distintos poderes del Estado) y por otra –y esta es la fundamental–, la aceptación más o menos resignada de este conjunto de hechos por parte de quien representa el fundamento del poder político en todo sistema democrático: los votantes. Si ellos no son capaces de echar a los corruptos el mal se consolida y se extiende y el sistema queda reducido a una mera apariencia porque son los poderes ocultos tras los partidos los que realmente controlan la política.
En los albores de nuestra democracia hay toda una época histórica (La Restauración, con el caciquismo) que se caracterizó por la puesta a punto de un sistema formalmente democrático pero profundamente corrupto. Dos partidos alternándose en el ejercicio del poder, cada uno con su propia estructura de “delincuencia política” (su propia clientela y su puñado de caciques a diverso nivel) proporcionaban la necesaria fachada ante el electorado. A destacar la connivencia entre ambos bandos con la aceptación de la alternancia en el ejercicio del poder como parte del sistema (el “turno democrático”).
Sin embargo aún no estamos en general en un modelo bipartidista y aún funciona el Poder judicial a pesar de las cada vez más evidentes precariedades con que la esfera política les retribuye. Y funciona hasta el extremo de convertirse sin quererlo ni pretenderlo en la principal fuente de oposición. Proporciona casi a diario titulares a los medios de comunicación destapando irregularidades en la gestión del poder y corruptelas asociadas al mismo. La “manía persecutoria” que proclama el PP cuando alega que el Ministerio fiscal actúa al dictado del poder político no es más que una cortina de humo para tapar que el delito está ahí y señala peligrosamente hacia la “politización” de la justicia, uno de los requisitos para la institucionalización de la corrupción política. Mantener la tesis de que el poder político es capaz de dirigir la mirada del Poder judicial es lo mismo que pretender indicarle al poder Judicial que mire a otro lado cuando hay corrupción, o simplemente cuando no le interesa al poder político ser visto.
Aunque el modelo comentado no aparece con claridad en el ámbito estatal, si que presenta notables paralelismos en la Comunidad Valenciana:
Aunque el modelo comentado no aparece con claridad en el ámbito estatal, si que presenta notables paralelismos en la Comunidad Valenciana:
Ø Se trata de uno de los ámbitos electorales en los que se ha consolidado el bipartidismo, con la alternativa a la izquierda en franco retroceso y el voto nacionalista atascado en porcentajes irrelevantes (todo según el sistema de representación establecido) la opción aquí es PSOE / PP y no hay más.
Ø El ambiente de clientelismo y “delincuencia política” está plenamente instalado en el PP autonómico, deducible del rosario de procesos que van saliendo del ámbito judicial, con una trama casi institucional adosada al partido. Que la principal línea de defensa escogida sea la supuesta ilegalidad de las escuchas ya es todo un síntoma; es una forma de reconocer que las corruptelas están ahí, pero no valen ante un juez.
Ø Y como tercer y definitivo elemento de reflexión, el PP autonómico parece haber centrado su estrategia en aprovechar el desgaste del PSOE por su gestión de la crisis en el gobierno del Estado, recuperando con ello la posible pérdida de votos (sic) que el continuo destape de delitos e irregularidades por parte del poder judicial pueda estar ocasionado entre sus votantes menos convencidos. No hay acto de contrición, no hay lavado de cara; ni siquiera el gesto de la autocrítica pública (solo ha dicho algo uno de los encausados y lo ha hecho para retornar a la política activa tras haber sido separado como tributo a los primeros pasos de la trama Gurtel). Claramente se pretende seguir como si lo destapado fuese lo natural.
Se inicia así una particular vía a la italianización de la política valenciana mediante el vaciado de contenido de la democracia al pretender que los mismos candidatos supuestamente corruptos sometidos a la lupa del control judicial (algunos con varios procesos abiertos) ganen las elecciones. Si lo consiguen tendremos corrupción institucionalizada durante muchos años. A la quiebra técnica de las cuentas autonómicas puede añadirse como elemento estructural la impunidad, el descrédito del sistema y la proliferación de asuntos turbios en la gestión pública.
Imagen procedente de http://pani.es/category/politica
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