Todo el mundo sabe que las finanzas de la Generalitat están en números rojos; se habla de “quiebra técnica” queriendo decir con ello que si fuese una empresa hace tiempo que habría dejado de existir. Sin embargo mucha gente atribuye el estado lamentable de las arcas autonómicas a la ausencia de dinero procedente del Estado, a una actitud premeditada por parte del gobierno central hacia Comunidades que como la nuestra, están en manos de otro partido político. Y se trata de un argumento tan utilizado que la prensa y los analistas políticos agrupan las distintas versiones bajo el rótulo de “victimismo”: la culpa es del otro. Tal afirmación es difícil de demostrar sencillamente porque los criterios de reparto de dinero desde el Estado no son arbitrarios, buena parte procede de aplicación de la normativa y acuerdos de financiación, o sea que el margen de maniobra es escaso y en cualquier caso no sirve para explicar el enorme agujero valenciano, probablemente el mayor endeudamiento público por habitante de todo el Estado. Por el contrario llama la atención la escasa capacidad de intervención estatal cuando derechos esenciales, especialmente protegidos por la Constitución están siendo organizados y prestados de manera tal que se puede hablar de discriminación negativa en relación al nivel medio que ofrecen otras Comunidades Autónomas. Y hablamos del derecho a la educación pública gratuita, de la enseñanza universitaria, de la Sanidad Pública, de la Administración de Justicia, Servicios sociales y prestaciones asistenciales …
A título de ejemplo, si tomamos la Educación, alguien debería determinar con cifras fehacientes si están tan extendidos los barracones en el resto de Comunidades, cual es el promedio por alumno o cuanto tiempo llevan funcionando, cuantas plazas docentes están sin cubrir... Lo mismo cabe hacer en cada uno de los aspectos cuantificables en otros servicios públicos esenciales para terminar comprobando si ese agravio comparativo es real o ficticio, si tienen el Estado o las autonomías la responsabilidad derivada. Sinceramente creo que las diferencias autonómicas en los citados servicios son notables a pesar del reparto que hace el Estado o de lo que se diga. Lo mejor de todo es que quienes utilizan el argumento victimísta lo saben perfectamente y lo emplean como cortina de humo para tapar las vergüenzas propias. Al final, si lo dicho hasta aquí es cierto, se quiebra de facto otro principio constitucional, especialmente enunciado para la España de las Autonomías recogido en el artículo 139.1 que viene a proclamar la ausencia de discriminación territorial: “Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado”.
Despejado el victimismo, lo que hay es una gestión algo más que deficiente del dinero público. A mi criterio ese plus de ineficacia deriva de una contabilidad electoral fina basada en mantener el granero de la ciudad de Valencia, con los añadidos necesarios (Castellón y otras ciudades) en detrimento de los ciudadanos en general, del funcionamiento de los servicios transferidos y de determinadas ciudades en particular (Elche una de las grandes damnificadas) como claves imprescindibles para perpetuarse en el poder a toda costa. El problema del agua y el déficit victimista no serían más que herramientas muy bien utilizadas para generar y rentabilizar descontentos sectoriales, convirtiéndolos en aglutinante político y cortina de humo para tapar lo que en realidad sucede: el entorno metropolitano de Valencia (y lo digo con sana envidia, en proceso de ser una de las urbes más modernas del arco mediterráneo), Castellón o la ciudad de Benidorm funcionan relativamente mejor gracias al trato diferencial recibido no en servicios básicos (todos los ciudadanos perdemos en eso) pero sí en otros elementos capaces de generar “satisfacción” en términos electorales: Ciutat de les Arts, Puerto de Valencia, Circuito de Fórmula 1, Terra Mítica...
Como reflexión inevitable, el escaso margen de maniobra que la propia Constitución concede al Estado, que ya intentó intervenir sin éxito en ese tema con la practica inconstitucionalidad de la Ley para la Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA); el diseño autonómico-constitucional que tenemos deja deja el nivel de prestación de los servicios esenciales sin más control que el derivado de la lucha política y en última instancia del ejercicio del voto. Queda así asegurado el empobrecimiento material relativo de los valencianos y el desprestigio de la política, reducida a su mínima expresión: manejar agravios propios y contrarios para perpetuarse o llegar al poder. En estas condiciones el Estado de las autonomías ha dejado de ser un horizonte razonable hacia un estado federal para empezar a ser un despropósito.
A título de ejemplo, si tomamos la Educación, alguien debería determinar con cifras fehacientes si están tan extendidos los barracones en el resto de Comunidades, cual es el promedio por alumno o cuanto tiempo llevan funcionando, cuantas plazas docentes están sin cubrir... Lo mismo cabe hacer en cada uno de los aspectos cuantificables en otros servicios públicos esenciales para terminar comprobando si ese agravio comparativo es real o ficticio, si tienen el Estado o las autonomías la responsabilidad derivada. Sinceramente creo que las diferencias autonómicas en los citados servicios son notables a pesar del reparto que hace el Estado o de lo que se diga. Lo mejor de todo es que quienes utilizan el argumento victimísta lo saben perfectamente y lo emplean como cortina de humo para tapar las vergüenzas propias. Al final, si lo dicho hasta aquí es cierto, se quiebra de facto otro principio constitucional, especialmente enunciado para la España de las Autonomías recogido en el artículo 139.1 que viene a proclamar la ausencia de discriminación territorial: “Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado”.
Despejado el victimismo, lo que hay es una gestión algo más que deficiente del dinero público. A mi criterio ese plus de ineficacia deriva de una contabilidad electoral fina basada en mantener el granero de la ciudad de Valencia, con los añadidos necesarios (Castellón y otras ciudades) en detrimento de los ciudadanos en general, del funcionamiento de los servicios transferidos y de determinadas ciudades en particular (Elche una de las grandes damnificadas) como claves imprescindibles para perpetuarse en el poder a toda costa. El problema del agua y el déficit victimista no serían más que herramientas muy bien utilizadas para generar y rentabilizar descontentos sectoriales, convirtiéndolos en aglutinante político y cortina de humo para tapar lo que en realidad sucede: el entorno metropolitano de Valencia (y lo digo con sana envidia, en proceso de ser una de las urbes más modernas del arco mediterráneo), Castellón o la ciudad de Benidorm funcionan relativamente mejor gracias al trato diferencial recibido no en servicios básicos (todos los ciudadanos perdemos en eso) pero sí en otros elementos capaces de generar “satisfacción” en términos electorales: Ciutat de les Arts, Puerto de Valencia, Circuito de Fórmula 1, Terra Mítica...
Como reflexión inevitable, el escaso margen de maniobra que la propia Constitución concede al Estado, que ya intentó intervenir sin éxito en ese tema con la practica inconstitucionalidad de la Ley para la Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA); el diseño autonómico-constitucional que tenemos deja deja el nivel de prestación de los servicios esenciales sin más control que el derivado de la lucha política y en última instancia del ejercicio del voto. Queda así asegurado el empobrecimiento material relativo de los valencianos y el desprestigio de la política, reducida a su mínima expresión: manejar agravios propios y contrarios para perpetuarse o llegar al poder. En estas condiciones el Estado de las autonomías ha dejado de ser un horizonte razonable hacia un estado federal para empezar a ser un despropósito.
Foto procedente del Diario Información:
http://fotos.diarioinformacion.com/fotos/noticias/318x200/2009-09-27_IMG_2009-09-20_01.51.08__D0401ELCHE.jpg.jpg
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