Mira por donde, un problema menor creado por una deficiente gestión política se transforma en un palo público con enfrentamientos entre un grupo de ciudadanos afectados -los jóvenes precisamente, el grupo con más capacidad de empatia y movilización social de la ciudad- y la Corporación:
Veamos:
Desconozco las razones del concejal de Juventud para alterar el estado de cosas de los Centros Juveniles; las supongo legítimas, aunque las explicaciones públicas no me parecen suficientes. Estos centros han dado problemas al vecindario. Al menos el del Polivalente de Carrús en varias ocasiones los vecinos han llegado a llamar a la Policía y otras fuerzas de orden por el jaleo a horas intempestivas. Por otra parte es posible que la afirmación del concejal, en el sentido de que han dejado de ser un poco el centro de los jóvenes para transformarse en el centro de un grupo de jóvenes que monopoliza el centro, podría ser cierta. En cualquier caso, el político está para planificar y para cambiar planificaciones.
Hasta ahí, vale. A partir de aquí todo son problemas:
Se cierran y desmantelan todos los centros sin mediar aviso previo ni a la empresa ni al personal que los gestiona, ni a los voluntarios que los atienden ni, por supuesto, a los usuarios del servicio.
Tampoco tiene sentido que la decisión sea uniformizadora, -afecta a todos los centros- ni siquiera teniendo en cuenta el fin de los contratos de asistencia o suministro con la empresa que hasta ahora haya llevado su gestión. Hay centros que funcionan bien. Las noticias que recibo del funcionamiento del de Altabix son para felicitar a los que lo gestionan. Se cierran centros de partidas rurales a los que asiste la práctica totalidad de jóvenes, con mucha participación y que se ven abocados a quedarse en la calle. Con todo lo necesarios que puedan ser, en la ciudad son una alternativa de ocio o de relación más; en las partidas, la única. El cierre de los centros en la ciudad es un problema; en las partidas rurales casi una catástrofe.
No tiene sentido el cese súbito en la prestación de servicios. Como dice CCOO, en el caso de cambio de “proveedor” existe la obligación de mantener el personal. El “desmantelamiento” de los actuales centros -su vaciado material, desde futbolines a ordenadores, mesas...- no ha traído una inmediata readaptación de los nuevos servicios, con una transición suave y desde la continuidad.
En el mejor de los casos denota improvisación al no planificar con tiempo suficiente los cambios manteniendo las prestaciones que se hacían en los centros, ni las previsibles repercusiones. Eso está dentro de las competencias del Concejal.
No tiene sentido, a partir de aquí, que las cosas hayan llegado al extremo de salir a la calle. El concejal debió parar el tema, no echar más leña al fuego, aún después de haber adoptado decisiones equivocadas, reconociendo incluso públicamente los errores; pero además dado que no lo ha hecho, debería haber intervenido activamente el alcalde para evitar el descontento y la manipulación del problema por parte de otros. Es decir, según creo el Alcalde debió mediar con el objetivo expreso de llegar a un acuerdo que zanjara los problemas con los afectados -no solo monitores y voluntarios también los jóvenes usuarios de los centros, que al final son los receptores de los servicios-. En otras palabras, ya que interviene el alcalde, que su intervención sea para arreglar el problema de forma definitiva.
No se pueden dar motivos para que haya ciudadanos que dejen de confiar en la gestión municipal. La gente progresista, los que mantenemos con nuestra actitud y nuestros votos que este ayuntamiento lo siga siendo, lo merecemos.
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